Venta ilegal de cigarros, el negocio perfecto en Santiago de Cuba

El Gobierno de Santiago de Cuba retomó la venta normada de cigarros Criollos, Populares, Titanes y Aromas, con un nuevo esquema que presentó como un intento de frenar un contrabando que —calculan involucrados— mueve en el mercado negro de la provincia entre 100 y150 millones de pesos en un año.

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Sin embargo, en la práctica lo que parece haber conseguido es que en el negocio ilegal entren más manos.

Según dijeron a principios de abril las autoridades, en la edición impresa del periódico Sierra Maestra, el propósito de la medida es «organizar el expendio de productos de gran demanda popular para evitar su acaparamiento y reventa a precios abusivos», reportó Diario de Cuba.

Alta venta

La Intendencia fijó la distribución per cápita en entre dos y cuatro cajetillas por cliente (mayor de 16 años de edad e inscrito en la «Libreta de Abastecimiento»), y puso a delegados del Poder Popular, presidentes de los consejos populares, representantes de las llamadas «organizaciones de masas», miembros de la Asociación de Combatientes y la Policía a vigilar el proceso de venta.

El primer resultado ha sido un aumento de los implicados en el negocio más lucrativo y difícil de desmontar en Santiago de Cuba.

En restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos, kioscos, unidades móviles y las carpas de venta de alimentos y otros productos, instaladas en los lugares más poblados de la ciudad, casi se detuvo la venta de cigarros, y lo poco que se comercializa es bajo la mirada inquisidora de los «factores» designados para la vigilancia por la Intendencia.

Venta sin problema

Marilyn, del poblado de Siboney, aseguró que su delegada «recogió 50 pesos por casa. Al final le robó una caja a cada núcleo, donde había más de una tarjeta no los tuvo en cuenta. En vez de erradicar la venta a sobreprecio, se puso en manos de otros sinvergüenzas».

Abel narró que el presidente del Consejo Popular Los Maceos decidió ofertar «una cajetilla por consumidor. Donde no había fumadores suspendió la entrega y elevó la edad límite de la distribución hasta los 21 años», con el supuesto objetivo de «crear una reserva en las bodegas bajo su mando».