Hoteles Meliá en Cuba vuelven a los tribunales españoles

La cadena Hoteles Meliá volvió a ser llamada a los tribunales españoles para responder a la demanda interpuesta por la familia cubana Sánchez Hill, que insiste en que una instalación hotelera construida en Cuba está edificada sobre terrenos de su propiedad que le fueron expropiados sin indemnización por el régimen de Fidel Castro.

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Esta causa penal, que había sido archivada el pasado 5 de mayo, se reabrió por orden la jueza Victoria Crespí, perteneciente al Juzgado de Primera Instancia Nº24 de Palma de Mallorca, España.

De acuerdo con Vozpópuli, el caso se reabre para darle la oportunidad al Gobierno de Cuba y al Grupo de Turismo Gaviota S.A., manejado por el conglomerado militar GAESA, para que preparen su defensa, reportó Periódico Cubano.

Hoteles Meliá

El texto fechado el pasado 23 de junio, y al que tuvo acceso el citado medio de prensa, señala que el Gobierno cubano “ha sufrido indefensión porque no se le ha permitido decidir si quiere intervenir o no en el procedimiento. Como no se le ha notificado, no ha tenido oportunidad de personarse en la causa y, por lo tanto, se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva”.

Todo el entuerto legal pasa porque el juicio se celebró en ausencia de una parte de los acusados, ya que, según los procedimientos legales y exigidos por los abogados de Meliá, el gobierno cubano debe estar presente como parte involucrada en el asunto.

Fue entonces que Meliá solicitó a la jueza que pidiese al Ministerio de Exteriores de España que comunicara por los canales pertinentes alas autoridades cubanas que estaban siendo demandados en territorio español.

Hoteles Meliá en Cuba

Por el momento todas las sentencias judiciales tomadas en el caso quedan anuladas hasta que el gobierno cubano, una vez notificado, decida si va a partir en su defensa o no.

Una de las decisiones salidas del proceso judicial que comenzó en el verano de 2019 es que la Justicia de España no tienen jurisdicción para aplicar el artículo III de la Ley Helms-Burton activado por la administración de Donald Trump y que sí permite a norteamericanos y cubanos nacionalizados en EEUU reclamar indemnizaciones por las propiedades confiscadas por el gobierno comunista.