Cuba necesita una Ley de Procedimiento Penal

El rapero Maikel Castillo, conocido como Maykel Osorbo, integrante del Movimiento San Isidro y uno de los intérpretes de «Patria y Vida», fue arrestado los días 6 y 8 de marzo sin que mediara delito ni se le informaran las razones de las detenciones en Cuba.

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En ambas ocasiones, miembros de la Seguridad del Estado vestidos de civil que lo vigilan constantemente lo detuvieron con violencia y lo trasladaron en patrullas policiales a unidades del Ministerio del Interior.

Según su testimonio, durante las detenciones los agentes lo interrogaron y obligaron a declarar como si se tratara de un delincuente peligroso, pero en ninguno de los casos había denuncia contra él, reportó Diario de Cuba.

Varias víctimas en Cuba

El también integrante del MSI Osmani Pardo Guerra fue víctima de un proceder similar el 2 de marzo. Agentes de la Seguridad del Estado allanaron su vivienda y lo arrestaron sin que hubiera denuncia ni orden de detención contra él.

El motivo alegado por los agentes fue que Pardo Guerra reprodujo el tema «Patria y Vida» en su equipo de música. Antes del arresto, vecinos y miembros del Partido Comunista le realizaron un «acto de repudio».

Este tipo de noticias hace que muchos cubanos vean a los agentes de la Policía y de la Seguridad del Estado actuales algo similar a los esbirros del régimen de Fulgencio Batista, como si se tratara de la misma dictadura y los mismos represores con diferentes ideología y uniforme.

La forma de proceder de policías y agentes de la Seguridad del Estado muestra las profundas deficiencias de la Ley de Procedimiento Penal vigente, que los magistrados del Tribunal Supremo (TS) no deberían ignorar ahora que ese órgano tiene el encargo de elaborar una nueva normativa como parte del actual cronograma legislativo.

Ley de Procedimiento Penal vigente en Cuba

Incluso organismos internacionales como la ONU y la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) han afirmado en varias oportunidades que la Ley de Procedimiento Penal vigente en Cuba está desactualizada en cuanto a garantías y derechos de los acusados y víctimas.

La Seguridad del Estado, que vigila y subordina junto al poder político a los magistrados del TS; actúa como un ente supralegal sin competencias delimitadas y abusa de prácticas y diligencias propias para enfrentar el delito común bajo un mínimo de pruebas e indicios.

En este sentido, en la presente Ley de Procedimiento Penal no está establecido cómo los funcionarios; agentes y autoridades deben respetar el ejercicio de libertades y derechos individuales.

Agresiones a los derechos de detenidos y acusados

La facultad de los tribunales de abrir expedientes por peligrosidad contra personas que no han cometido delito, e incluso de enviarlas a la cárcel; aleja a Cuba de cualquier posibilidad de caminar hacia un Estado de Derecho.

En la Isla, se incumple el principio universal de que el Derecho Penal debe reprimir actos u omisiones delictivas concretas y demostrables; no conductas humanas que puedan ser reprochables en el ámbito moral y quizás condenables mediante una ley de contravenciones.

En cualquier serie o película norteamericana, lo primero que ofrece la Policía a un detenido es un abogado. Si no puede costearlo, se le asigna uno de oficio.