Proyecto de «ley antidisturbios» avanza en Florida

Un proyecto de «ley antidisturbios» avanza rápidamente en el Congreso estatal de Florida, de mayoría republicana, y que fue ideado luego que protestas contra el abuso policial se tornaron violentas y causaron destrucción el año pasado en Estados Unidos, aunque hay voces que la califican de «injusta» y claman por cambios para garantizar el derecho a manifetsarse.
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De hecho, un par de grupos de derechos humanos denunciaron ante la ONU la iniciativa de ley que busca sancionar «a todos los que supuestamente participen en protestas» que causen destrucción a la propiedad pública y privada.
Una coalición de organizaciones de Florida envió una carta al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, para denunciar la ley HB1 propuesta por el gobernador republicano Ron DeSantis, que según afirman «viola» los derechos humanos, reportó Diario las Americas.
Proyecto a la ONU
El documento, que pide una declaración de la ONU contra la legislación, está firmado por cinco organizaciones de defensa de derechos humanos y de justicia racial Dream Defenders, Community Justice Project, Movement Law Lab, The Black Collective y Law for Black Lives.
DeSantis, cuyo nombre comienza a sonar como posible presidenciable para 2024, propuso una versión temprana de la llamada «ley antidisturbios» en septiembre, con el fin de proteger “la propiedad pública y privada”, a lo que se ha sumado una serie de apéndices que preocupa a ciertos sectores de la sociedad.
Fue una reacción a las protestas en todo el país tras la muerte de George Floyd en mayo pasado, cuyo juicio comenzó el mes pasado en Minneapolis–, si bien en Florida las manifestaciones fueron mayormente pacíficas.

Proyecto de ley polémico
Entre otras medidas, la ley HB1 endurece las penas por delitos cometidos durante las protestas, como la agresión a policías u otros uniformados, y establece hasta cinco años de prisión a quienes participen en disturbios o los hayan incitado.
También penaliza a los manifestantes que dañen propiedades históricas con hasta 15 años de prisión y el pago de restituciones. Esta medida es la respuesta a la oleada de derribamientos de estatuas de los héroes confederados que protegieron la esclavitud.
En la Florida, los manifestantes causaron daños, derribamiento y destrucción en las estatuas.
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