27N entrega petición al régimen para revocar cargos de ministro de Cultura de Cuba
Con el fin de revocar los cargos de Alpidio Alonso Grau como diputado y ministro de Cultura de Cuba por su conducta «contraria a la ética, la moral y el civismo que debe guiar a un representante de todos los ciudadanos cubanos», el Movimiento 27N presentó este miércoles una petición ante la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, en La Habana.
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Las activistas Solveig Font y Carolina Barrero, «en representación de 1,252 artistas, activistas e intelectuales», registraron el recurso legal ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para iniciar el proceso de revocación de mandato del diputado Alonso Grau, según muestra una publicación de la organización en Facebook.
Según la petición, Alonso Grau atacó violentamente a un grupo de jóvenes que se encontraban frente a la sede del Ministerio de Cultura, en La Habana, para «impedirles ejercitar el derecho a manifestación pacífica que la Constitución les reconoce en su artículo 56», reportó radiotelevisionmarti
La petición agrega que el ministro arrebató el celular a un joven que grababa el incidente. Su «inesperado y violento acto» fue el inicio de una cadena de «acciones violentas en contra de los manifestantes llevadas a cabo por otros funcionarios de Cultura, incluidos viceministros, y por otras personas que, mediando el uso de la fuerza y sin causa legal justificativa, obligaron a los manifestantes a abordar un ómnibus en contra de su voluntad».
Alonso Grau, recuerda el 27N, justificó su actuación y la consideró «un acto valeroso», según sus propias palabras.
Los interesados en respaldar la petición ciudadana pueden hacerlo añadiéndo su nombre y apellidos en la sección de comentarios del post en Facebook el que el 27N la ha hecho pública.
La petición también cuestiona las detenciones posteriores de todos los jóvenes protagonistas de la manifestación frente a la sede del Ministerio de Cultura.
El sexto plantea que «la Carta Magna vigente reconoce que los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley».
